La
Junta de Personal Docente no Universitario de la Delegación provincial de
Huelva se opone tanto a la aplicación
del RD Ley 14/2012, que el Gobierno central aprobó el pasado 20 de abril, sobre medidas urgentes de racionalización
del gasto público en el ámbito educativo como al Plan
Económico y Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía para el periodo
2012-14,
La decisión adoptada por el Gobierno
de España de recortar el gasto educativo, a través del empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la pérdida de
empleo público, están dinamitando la educación y la sanidad públicas y
destruyendo día a día el Estado del Bienestar, que, aún de forma insuficiente,
se ha ido construyendo en España y Andalucía en las últimas décadas.
Los recortes impuestos desde el gobierno central y su
aplicación desde el autonómico, suponen
en la educación pública andaluza no solo el empeoramiento de las
condiciones de trabajo del profesorado y del personal laboral, sino también el
deterioro de los servicios y la atención que dispensa el sistema educativo. Las
medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (Real Decreto Ley
14/2012 de 20 de abril de Medidas
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo) van a suponer de forma obligatoria un incremento
de las horas lectivas para el profesorado destinado en centros de Secundaria,
que pasará de 18 a 20 horas lectivas. Según ha reconocido la propia Consejería
de Educación, provocará que cerca de 4800 docentes interinos se vayan al paro, entre
350 y 400 en el caso de Huelva. Como consecuencia y en aplicación de esta dura
medida, miles de docentes se verán forzados a ser desplazados de su centro, o
tener que compartir centro o, en el peor casos, a ser reconvertidos en
profesores itinerantes. Además se verán obligados a impartir más asignaturas
afines. En un plazo muy corto, miles de plazas de las plantillas de los centros
se irán suprimiendo como consecuencia de esta medida. Al incrementarse las
horas lectivas, consecuentemente, se procederá a tener que suprimir la mayoría
de los desdobles y apoyos en los centros educativos.
El aumento de alumnado por aula y la supresión de
programas de refuerzo y atención a la diversidad deterioran gravemente la
atención educativa individualizada dentro de la escuela. Todo ello se verá
agravado con la posible restricción de la oferta de modalidades de bachillerato
y la desarticulación de la actual Formación Profesional.
Además con la aplicación del Real Decreto no se cubrirán
sustituciones para las ausencias del profesorado para periodos inferiores a dos
semanas. Esta medida supondrá que miles de alumnos y alumnas no tendrán
profesores/as especialistas durante este periodo de tiempo, al no sustituir al
profesorado con ausencias inferiores a dos semanas. El resto del profesorado,
al habérsele incrementado el número de horas lectivas, dispondrá de menos
tiempo para poder cubrir ausencias, lo que llevará en, muchos casos, a tener
que reagrupar varios grupos en un aula. Esto va a suponer además que miles de
docentes interinos se verán abocados al paro irremediablemente. Si a esto, le
añadimos la congelación de la oferta de empleo público, la situación de este
colectivo es aún más dramática, si cabe.
La decisión del Gobierno Central de paralizar las
oposiciones docentes en Andalucía mediante un recurso ante el Tribunal
Constitucional es contraria a las necesidades de la educación andaluza y
provocará una menor atención educativa cerrando las expectativas laborales a
mucho profesorado andaluz. Se está condenando
al paro más absoluto, al subempleo o a la emigración a las generaciones de los
jóvenes andaluces mejor formados en las universidades y centros educativos de
toda nuestra Historia. No podemos callarnos cuando estamos despilfarrando la
mayor riqueza de nuestro país, su población joven.
El Gobierno Central sistemáticamente viene adoptando medidas que suponen
una fuerte reducción del gasto en políticas compensadoras de desigualdades. El
resultado es evidente, cada vez estamos peor: menos Estado y más Mercado. Y ese
no es el camino.
Por su parte, el Gobierno Andaluz, con las recientes medidas para alcanzar
el llamado “reequilibrio presupuestario”, puede igualmente dañar este modelo
social. A las medidas recogidas en el RD 14/2012 se podrían
añadir las que competen a la Consejería de Educación, anunciadas en el Plan Económico y Financiero de Reequilibrio
de la Junta de Andalucía para el periodo
2012-14, aún pendiente de concreción normativa. De llevarse a cabo, esto se
puede traducir en reducciones salariales, aumento de la jornada laboral,
recortes en otras prestaciones, como los complementos en situación de baja por
enfermedad, despidos de profesorado interino, etc. Todo ello va a provocar en
Andalucía una brutal pérdida de calidad de la enseñanza pública, cuestión que
la comunidad educativa no quiere ni puede aceptar.
El citado Plan significa
la eliminación, entre otras medidas adicionales, del Plan de Acción Social que
supone la supresión en Andalucía de ayudas a gastos médicos, ayudas a la compra
de vivienda, ayudas al alquiler o los anticipos reintegrables, así como la
supresión de planes y programas educativos en los centros.
Ello supone además una nueva bajada
retributiva en las pagas extras, sumada a las que hizo el gobierno central en
el año 2010, a la subida del IPC y al incremento del IRPF de 2012. Ello provoca que los docentes andaluces acumulemos
una pérdida de poder adquisitivo, sólo en los tres últimos años, superior al
21%.
Ni los años de bonanza
ni la actual crisis económica han afectado a todos por igual. En los años buenos, mientras muchos se
enriquecían, los docentes y los profesionales del sector público educativo
tuvimos unos crecimientos retributivos modestos. Los que realmente se
beneficiaron entonces son los mismos que ahora pretenden hacer cargar todo el
peso de la crisis sobre los empleados públicos. No podemos aceptar ni los
recortes salariales ya aplicados, ni los nuevos que pretenden aplicar a los
trabajadores y trabajadoras de la educación, ni el empeoramiento de las
condiciones laborales, que además van a impedir que los/as nuevos/as
universitarios/as titulados se incorporen en los próximos años al sistema
educativo público andaluz.
Todo ello va a provocar en Andalucía una brutal pérdida
de calidad de la enseñanza pública ,cuestión que la comunidad educativa no
quiere ni puede aceptar.
Es la enseñanza pública la que
asegura la escolarización de toda la población allá donde esté. Actualmente la enseñanza pública es
la única que llega a todos los rincones de Andalucía, desde las grandes áreas metropolitanas
hasta el pueblo más aislado, desde el centro de las ciudades hasta sus barrios
más alejados, es decir, a muchos lugares donde nunca será lucrativo para la
iniciativa empresarial privada.
La enseñanza pública acoge a todo el
alumnado, sin ningún tipo de discriminación ni de selección previa. Ha
impulsado el avance de Andalucía en esta última etapa histórica y ha sido clave
de nuestro contrato social: la mejor garantía del derecho constitucional a la
educación. En definitiva, la enseñanza pública es la única que garantiza la
igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las
desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad en un objetivo
común y el progreso individual y social de todos, no de unos pocos.
Consideramos que los servicios
públicos de interés general son
fuente de desarrollo
económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Defendemos la gestión pública
directa como mejor fórmula para procurar el acceso universal a los servicios públicos, de favorecer la
equidad y calidad de los mismos, incluyendo su acceso en las mismas condiciones
en el ámbito rural, de garantizar y tutelar el ejercicio
efectivo de los derechos subjetivos a la salud, a la educación y a la atención
social. Creemos que el gasto social
destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, además de la sanitaria y del resto de servicios sociales, es
la mejor inversión que las
administraciones públicas andaluzas pueden hacer para favorecer la salida de la crisis.
Por
todo ello, esta Junta de Personal docente no universitario de la Delegación
provincial de Huelva EXIGE:
1.
La derogación inmediata del RD
14/2012 sobre medidas de racionalización de gasto público en el ámbito
educativo.
2.
La retirada del Plan económico y
financiero de reequilibrio de la Junta de Andalucia
3.
La negociación de todas las medidas
que afecten tanto a los/as docentes (y a los/as trabajadores/as públicos en
general) como al sistema educativo público andaluz.
Huelva, 21 de junio de 2012
ANPE CCOO CSIF FETE-UGT PIENSA
USTEA
