La Ley de Liberalización del Suelo aprobada por el Partido Popular en 1998 sentó las bases de lo que durante la década posterior supuso la mayor ocupación de suelo, alguno de extraordinaria riqueza medioambiental y paisajística, expansión urbanística descontrolada, con la pérfida derivada de la corrupción, y la creación de una burbuja inmobiliaria cuyos efectos económicos padecemos en la actualidad.
En Ayamonte fue el Psoe quién exprimió al máximo las posibilidades de esta ley ultraliberal que posibilitaba la recalificaciones de suelo de manera casi inmediata, con los consiguientes pelotazos urbanísticos, bajo la excusa de la creación de puestos de trabajo, uno de cuyos más sangrantes efectos fue el abandono de la escuela de cientos de chavales que ahora engrosan las filas del paro sin casi posibilidades de volver a trabajar dada su nula cualificación.
En efecto, la década 1997/2007 supuso para Ayamonte, bajo gobierno municipal socialista, el mayor consumo de suelo de toda su historia anterior, en la que se produjeron más de 60 modificaciones de las normas urbanísticas vigentes, actuaciones polémicas en suelos de especial protección como Costa Esury o La Rodadera en la ribera del Guadiana, la destrucción de espacios propuestos como monumentos naturales como la Mesa del Telar, la desaparición de especies endémicas como la Linaria Lamarkii en la playa de Punta del Moral o la Picris Wilkommi en las laderas del Parador o el máximo desarrollo de Isla Canela ocupando incluso zonas de dominio público.
Todas estas serían razones más que suficientes para ordenar una Auditoría Urbanística que evaluase la idoneidad de esos desarrollos urbanísticos, además de, para mí la razón fundamental, establecer un diagnóstico de la situación actual para encarar un futuro desarrollo de Ayamonte según el nuevo PGOU. Ejemplos de futuro de esto que digo es el anunciado desarrollo del Sector 12 con propuestas que siguen el patrón de esa década oscura, la probable desaparición del cabezo de San Francisco, el último de los cabezos vírgenes del pueblo, o la reactivación del disparate de Costa Esury.
Pero hay más… A lo anterior, habría que sumar el que la mayor parte de las modificaciones de las débiles Normas Subsidiarias se produjeron con el apoyo exclusivo de la mayoría absoluta socialista y el voto en contra de todos los demás grupos municipales y ese tufo insoportable de pelotazo inmediato, corrupción soterrada y enriquecimiento ilícito que, si bien sin pruebas específicas que aportar, los últimos registros policiales en el ayuntamiento parecen corroborar.
En Ayamonte fue el Psoe quién exprimió al máximo las posibilidades de esta ley ultraliberal que posibilitaba la recalificaciones de suelo de manera casi inmediata, con los consiguientes pelotazos urbanísticos, bajo la excusa de la creación de puestos de trabajo, uno de cuyos más sangrantes efectos fue el abandono de la escuela de cientos de chavales que ahora engrosan las filas del paro sin casi posibilidades de volver a trabajar dada su nula cualificación.
En efecto, la década 1997/2007 supuso para Ayamonte, bajo gobierno municipal socialista, el mayor consumo de suelo de toda su historia anterior, en la que se produjeron más de 60 modificaciones de las normas urbanísticas vigentes, actuaciones polémicas en suelos de especial protección como Costa Esury o La Rodadera en la ribera del Guadiana, la destrucción de espacios propuestos como monumentos naturales como la Mesa del Telar, la desaparición de especies endémicas como la Linaria Lamarkii en la playa de Punta del Moral o la Picris Wilkommi en las laderas del Parador o el máximo desarrollo de Isla Canela ocupando incluso zonas de dominio público.
Todas estas serían razones más que suficientes para ordenar una Auditoría Urbanística que evaluase la idoneidad de esos desarrollos urbanísticos, además de, para mí la razón fundamental, establecer un diagnóstico de la situación actual para encarar un futuro desarrollo de Ayamonte según el nuevo PGOU. Ejemplos de futuro de esto que digo es el anunciado desarrollo del Sector 12 con propuestas que siguen el patrón de esa década oscura, la probable desaparición del cabezo de San Francisco, el último de los cabezos vírgenes del pueblo, o la reactivación del disparate de Costa Esury.
Pero hay más… A lo anterior, habría que sumar el que la mayor parte de las modificaciones de las débiles Normas Subsidiarias se produjeron con el apoyo exclusivo de la mayoría absoluta socialista y el voto en contra de todos los demás grupos municipales y ese tufo insoportable de pelotazo inmediato, corrupción soterrada y enriquecimiento ilícito que, si bien sin pruebas específicas que aportar, los últimos registros policiales en el ayuntamiento parecen corroborar.
De una u otra forma, lo que Ayamonte no puede permitirse es encarar su futuro con un lastre de estas dimensiones a sus espaldas, por lo que la Auditoría Urbanística además de una necesidad ética y estética es una acción necesaria para convertir a esta ciudad en el municipio ejemplar que todos deseamos
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